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Céspedes Peña dice la no aclaración muerte de su hijo opaca gestión gobierno Abinader

Céspedes Peña dice la no aclaración muerte de su hijo opaca gestión gobierno Abinader

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Céspedes Peña, pidió al Presidente Luis Abinader que disponga la necesaria investigación para aclarar la muerte de su hijo, Luis Norberto Céspedes Vega, que el lunes 16 de este mes de Noviembre cumplió cuatro años, para que trate ir mejorando la deteriorada imagen de sectores judiciales, los cuales están opacando la gestión de su gobierno.

Céspedes Peña manifestó que el gobierno controla todos los estamentos judiciales del país, por lo que no hay ninguna razón para que el jefe de Estado no pueda disponer la solución de ese hecho.

Céspedes Vega fue atropellado por un camión mezclador de concreto el 2 de Noviembre del 2022, muriendo el 16 de ese mismo mes, cuando antes del hecho esperaba la entrega de una motocicleta que le era reparada en Repuestos Nacho, ubicado en la Avenida José Rafael Abinader, de Tamboril, lugar donde nació éste, que el padre del Presidente de la República.

El comunicador indicó que, “para el país, esa es una muerte sin aclarar que se le suma a la gestión del Presidente Abinader”.

 “El Presidente de la República preside el Consejo Nacional de la Magistratura, para la elección de los jueces, y también dirige el Consejo Superior del Ministerio Público, para la escogencia de los fiscales, control que ejerce a través de la procuradora general de la República, en este caso, Yeni Berenice Reynoso”, agregó el ex vicepresidente del CDP.

Indicó que el gobernante de turno tiene como sus representantes a las gobernadoras provinciales. “Son ellas las que deberían llamar a los jueces y fiscales, cuando hay deficiencias en los servicios judiciales, pero también a los funcionarios de las demás áreas del Poder Ejecutivo, para sugerirles el cumplimiento de las Leyes, cuando éstas son vulneradas o afectan legalmente los derechos de los ciudadanos”, declaró el periodista Céspedes Peña.

Y dijo: “Es totalmente divorciado de la realidad, decir que el Presidente y demás funcionarios del Poder Ejecutivo no pueden intervenir en la Justicia, cuando ésta vulnere los derechos de constitucionales, como es la no aclaración de la muerte de una persona, cuando se trata de un hecho violento”.

Y añadió: “En un gobierno que el Presidente de la República dirija, como en la actualidad, todos los órganos de la Justicia, con más del 75 por cientos de los magistrados que responden, de una u otra manera a los intereses del partido gobernante, es ilógico que un caso, como el que nos afecta, no tenga solución, si hay interés”.  

“El problema está en que contamos con una Justicia con funcionarios muy buenos y funcionarios muy malos”, sostiene.

Admitió que para la escogencia de los magistrados siempre hay algunas negociaciones con representantes de organizaciones políticas de la oposición. “Cuando es aprobada una propuesta, a unanimidad, como algunas veces ocurre en el Consejo Nacional de la Magistratura, no hay duda de que hubo una negociación para nombrar a jueces que responden a otros intereses o de la llamada sociedad civil”, precisó Céspedes Peña.

Destacó que en el caso de los fiscales, la situación todavía es más centralizada, porque quien dirige el Consejo Superior del Ministerio Público, es la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, nombrada por un decreto presidencial. ¿Por qué no está resuelto nuestro caso u otros que podrían haber similares?

Porque no se originó una llamada del señor Presidente, de la vicepresidente de la República, la gobernadora de Santiago o la orden escrita que espera la fiscal santiaguera, Johanna García, de parte de la procuradora general de la nación. ¡Así de simple!, precisó Céspedes Peña.

“La comparación que voy a hacer es mala y ojalá nunca le ocurra a un familiar cercano al Presidente de la República, la vicepresidente de la nación, la procuradora general de la República o la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, para sólo citar algunos funcionarios, pero si les sucediera un hecho como el que estamos tratando,  estoy seguro que antes de las 24 horas estaría detenido el culpable, un día después la Justicia le estaría imponiendo 18 meses de prisión como Medida de Coerción y  posteriormente lo estarían condenando a 30  años de prisión”, afirmó el periodista.

El dirigente del CDP observó que su caso, que se pensó sería solucionado en días, debido a las pruebas existentes, ya cumplió cuatro años.

Destacó que no resolver ese problema será negativo para el futuro del gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Dijo que los gremios le enviaron una comunicación al Presidente de la República, solicitando esa investigación, como otras propuestas, pero no responde, porque no le interesa o porque no se la entregaron.

Fue enviada a través de Félix Reyna, de la Dirección de Comunicación Estratégica del Palacio Nacional. Dijo que cuando visita el Palacio de Justicia de Santiago, personas que lo conocen, incluyendo funcionarios, dicen que “detrás de ese hecho hay intereses con mucha influencia en el gobierno o hay soborno para que el caso muera por cansancio”. 

 

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